Si tal como todos los pronósticos lo indican Alberto Fernández es electo presidente, se vendrán tiempos difíciles para uno de los ministros preferidos de Mauricio Macri: el titular del área de Transporte, Guillermo Dietrich, tendrá que empezar a desfilar por los tribunales de Comodoro Py, y no se descarta que, si la Justicia investiga como corresponde las gravísimas denuncias de corrupción que lo salpican, su próximo destino sea la cárcel.

En el kirchnerismo aseguran que el funcionario colaboró con no poca mala fe -y con el apoyo del ex titular de Vialidad, Javier Iguacel- para el avance de causas por las que terminaron en prisión  varios funcionarios del ministerio de Planificación del anterior gobierno, incluido el ex ministro Julio de Vido y otras figuras asociadas a los Kirchner, como Lázaro Báez.

Justamente, en la Justicia definen a Dietrich como “el De Vido de Macri” y enumeran las causas ya vigentes que podrían complicar al ministro de Transporte en un cambio de gobierno.

La que más preocupa a Dietrich es la causa iniciada por las irregularidades en la ejecución del acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa Autopistas del Sol, a cambio de retirar la demanda ante el CIADI por 1.100 millones de dólares. Curiosamente, la causa fue instruida por el fiscal Carlos Stornelli, que requirió investigar la denuncia que salpica a Dietrich, Macri, Iguacel y a los directivos de la empresa.

Diputados del kirchnerismo habían presentado una demanda penal para que se investigue si el acuerdo, por 500 millones de dólares, se realizó de manera irregular. Es que en el momento del acuerdo, según la denuncia, el Grupo Macri tenía un porcentaje accionario de la empresa.

Según denunciaron diputados del kirchnerismo, tres días antes de que Macri asumiera la presidencia, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.

Por decisión de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, “el Gobierno dispuso arreglar por la suma de 499 millones de dólares”, en lo que “constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”, sostienen los legisladores.

Uno de los denunciantes, Rodolfo Tailhade, señaló que no tiene dudas de que “esos 500 millones de dólares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios”, y que la presentación ante el CIADI “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”.

Ausol fue una de las históricas empresas del Grupo Macri, hasta que a mediados de 2017 el grupo vendió sus acciones luego de que aumentaran 400 % desde la asunción de Macri y en medio del proceso de “arreglo” con el Estado Nacional. La causa tramita en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.

Otra de las causas que complican a Dietrich es la concesión del puerto de Buenos Aires, que había merecido un pedido de interpelación presentado por los diputados Tailhade y José Luis Gioja. Los diputados denunciaron un “direccionamiento notorio” de la licitación para que la gane PSA, una empresa de Singapur “cuyo lobbysta en Argentina es el cónsul del país asiático, Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri”.

Por otra parte, el juez federal Sebastián Ramos, en tanto, tenía en la mira a Dietrich por un contrato de explotación publicitaria en las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur que benefician directamente a su cuñado, Julián Álvarez Echagüe, a través de la empresa PC Publicidad.

 

Fuente:Info135